Los cambios aprobados por la Comisión Europea con el objetivo de visibilizar el compromiso de las empresas contra el cambio climático y su impacto social permitirán a las empresas españolas colocarse por delante en el reporte y gestión de los aspectos ESG.
La nueva Directiva sobre los reportes de sostenibilidad (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) de la Unión Europea va a cambiar la manera en que las empresas se comprometen, reportan y hacen seguimiento de sus objetivos sociales y medioambientales.
Su aprobación implica que deberán publicar informes sobre el impacto de sus actividades en el medioambiente y en la sociedad y de los riesgos a los que están expuestas.
Aunque la obligatoriedad de recoger, analizar y publicar los datos no financieros comienza en 2024 para las grandes empresas, el requerimiento se irá extendiendo progresivamente a todo tipo de empresas hasta 2028.
En España muchas grandes empresas ya han empezado a hacer pública su información no financiera, pero la nueva regulación amplía la obligación a empresas de menos de 250 trabajadores. A todas ellas, la CSRD les obliga a ir más allá.
El impacto y la doble materialidad, novedades de la regulación
La principal novedad, pendientes aún de su transposición al ordenamiento jurídico español previsto como tarde para julio de 2024, tiene que ver con la gestión del desempeño social, medioambiental y de gobernanza de la empresa.
Todas ellas tendrán que reportar una evaluación del impacto causado tanto directamente como a través de su cadena de valor, y en esa línea también definir cómo gestionan dicho impacto. Lo cual implica evaluar el impacto que dichos aspectos de sostenibilidad tienen en la estrategia, el negocio y la cuenta de resultados de la compañía.
El segundo gran cambio en la elaboración de reportes de sostenibilidad corporativos es el enfoque basado en la doble materialidad.
Este análisis tiene una doble perspectiva. Por un lado, la evaluación del impacto, que se refiere a los impactos positivos y negativos relacionados con la sostenibilidad que están relacionados con el negocio de la empresa. Y, por otro, el análisis de los riesgos y oportunidades financieros relacionados con la sostenibilidad de la empresa, identificados a través de un proceso de evaluación de la materialidad financiera.
Mayor transparencia, gestión y control de los aspectos ESG
Con estos cambios se busca mejorar la transparencia en la definición de los compromisos sociales y medioambientales, y un mayor control en la ejecución y gestión para implementar mejoras.
De esta forma, inversores, consumidores, reguladores, y la sociedad en general van a poder tomar decisiones de compra, de financiación, de subvención basados en criterios auditados de sostenibilidad.
Además de garantizar la transparencia, la Comisión Europea pretende mitigar el “greenwashing” de las empresas, estableciendo mecanismos de control como auditorías y certificaciones independientes. El acceso digital a los informes sobre sostenibilidad también va a facilitar la transparencia en este ámbito.
Todo ello supone una apuesta decidida por parte de las autoridades europeas por homologar datos en la medida de lo posible en la UE.
Una iniciativa ambiciosa desde el punto de vista regulatorio y también para las empresas, que va a exigir una adaptación acelerada en cuanto a la medición, análisis y control de sus compromisos sociales y medioambientales y del impacto generado.
